Hacia una sanidad privatizada

*Gaceta local 14 de febrero de 2008

Asociaciones de vecinos y profesionales inician una campaña en defensa de este sector del que reclaman su carácter “100x100” público

Como ejemplo ponen el modelo elegido para los nuevos hospitales
Por Raquel Bellón


Las luces de alerta sobre el futuro de la sanidad pública se han disparado. Así, al menos, lo pusieron de manifiesto la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid (Fravm) y diferentes colectivos profesionales y asociaciones que trabajan en defensa de este sector en la concentración que, frente a la sede de la consejería regional de Sanidad, convocaron la pasada semana.

Entre las situaciones que denuncian figuran la existencia de listas de espera “de varios días para una primera consulta” –”un 90% de los profesionales sanitarios atienden más de 1.500 tarjetas sanitarias individuales cuando el ratio nacional recomendado está entre 1.000 y 1.200 tarjetas” y la escasez de recursos materiales y humanos.
“Nuestra región se sitúa a la cola de las Comunidades Autónomas en inversión en Asistencia Pública. El equipo de Aguirre ha invertido un 0,7% menos que el pasado año y ha congelado prácticamente la contratación de personal sanitario”, aseguran desde la Fravm.

De la misma opinión es la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Madrid (ADSPM). En un documento reciente sobre los ocho nuevos hospitales madrileños afirman que “las plazas de profesionales sanitarias que se crean en estos centros no son nuevas, sino que se trata de un proceso de reasignación de efectivos, es decir, del traslado de profesionales que ya trabajan en la sanidad madrileña en otros centros, lo que es congruente con los planes de la consejería de disminuir camas –aproximadamente entre 600 y 1.000 camas–”.

Ejemplo práctico de este futuro escenario es el que da Javier Cordón, profesional sanitario del hospital Ramón y Cajal.
“Ahora mismo 2.400 personas que venían trabajando en los actuales hospitales públicos van a trabajar en estos nuevos centros. Por ejemplo, en el Ramón y Cajal se van a los nuevos hospitales 26 médicos, 46 enfermeras y 57 auxiliares y en La Paz otros 100 médicos y no se van a restituir”.

A este recorte se unen los nuevos modelos de financiación y de gestión, tanto de los ocho nuevos hospitales como de los ya existentes. Según explican desde la ADSPM, el Gobierno regional ha apostado por fórmulas como la concesión administrativa a una empresa privada –”por la que el personal sanitario queda sin relación directa con la consejería y se deja abierta la puerta, sin el control parlamentario a “la privatización de toda la red sanitaria pública, no sólo de los hospitales sino también de la Atención Primaria”– y la iniciativa de financiación privada, por la que una o varias empresas construyen los edificios y se queda “con la gestión de la parte no sanitaria de los centros a cambio de pagos mensuales durante 30 años prorrogables”.

Todo ello, a juicio de la ADSPM, provoca una fragmentación de la red hospitalaria pública al imponer “condiciones diferentes entre los trabajadores” y el consiguiente peligro de que la calidad asistencial se resienta.







MENOS PERSONAL La tabla elaborada por la ADSPM muestra el número de camas, médicos especialistas, enfermeros y personal sanitario por cada 1.000 habitantes en cada uno de los nuevos centros “ muy lejos de lo que es simplemente razonable”, apuntan. El actual hospital de Móstoles –uno de los que presenta ratios más bajos de plantilla de la región– tiene 1,3 médicos y 4,5 enfermeros, mientras que en los nuevos centros el máximo es de 0,73 médicos y 2,5 enfermeras, afirman desde la asociación.