EL PP PRIVATIZA LA SANIDAD REGIONAL DE MADRID CON LAS LEYES ESTATALES DEL PSOE Esta situación se repite en el resto de las Comunidades Autónomas, independientemente del Partido que gobierne. En la búsqueda de mayor beneficio empresarial, el binomio poder político-empresarial se ha instalado en gran parte de la red sanitaria pública de todo el Estado, liquidando y/o pervirtiendo la naturaleza de los servicios públicos sanitarios, patrimonio común de la ciudadanía. En la Comunidad de Madrid el gobierno del PP ha alcanzado las cotas más altas en los procesos de deterioro de la sanidad pública y de privatización de la misma. Ambos procesos responden a los mismos intereses: transferir al negocio privado la atención sanitaria de la población. Cuanto peor sea la sanidad pública, más gente acudirá a la sanidad privada. La masificación de la atención sanitaria pública determina la práctica desaparición de la medicina preventiva, de la educación sanitaria y el incremento injustificado del gasto farmacéutico. Las recetas se convierten en un auténtico mecanismo de control de la indignación de la población ante la mala calidad de la asistencia y se convierten en un intento de anestesia, frente a problemas sociales, al servicio del mayor lucro de la industria farmacéutica. La forma en que se obtienen esos beneficios es la siguiente: lSe vende como calidad el confort hotelero que es lo mas barato, y lo que vende la sanidad privada, en detrimento de la calidad real de la atención sanitaria que depende de la cantidad y la cualificación del personal y del equipamiento sanitario. lSe seleccionan pacientes y enfermedades, marginando a todas aquellas personas en quienes la asociación de pobreza y enfermedad, exige mayores recursos sanitarios. lSe incentivan los "procesos rentables" de dudosa indicación como extirpación de amígdalas, vesículas biliares, apéndices, etc lSe reducen plantillas y se precarizan relaciones laborales. Además la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos, establece la posibilidad de convertir "todos los hospitales, centros, urgencias o unidades de la red sanitaria pública en cualquier entidad con personalidad jurídica" lo que permite la privatización de toda la red sanitaria pública, hospitales y centros de Atención Primaria. Para que la privatización avance, necesitan destruir la sanidad pública. La sanidad pública se asfixia entre la falta de recursos materiales, la escandalosa escasez de personal y la creciente precariedad de sus condiciones laborales, con contratos por día, y hasta por horas. Cualquier tipo de planificación sanitaria ha sido liquidada antes de nacer, la salud pública y la medicina preventiva, los programas de promoción y la educación para la salud han sucumbido atenazados por la falta de voluntad política de los sucesivos gobiernos estatales y regionales, y por la saturación de los servicios. La expresión más visible y más dramática de este deterioro progresivo es el colapso crónico de los servicios de urgencias hospitalarias con esperas de varias horas en condiciones infrahumanas, sin que nadie valore si hay emergencia vital o no, con el atentado cotidiano a la dignidad de las personas que suponen las camas en los pasillos de los servicios saturados, las salas de espera atestadas, las largas listas de espera para diagnóstico y atención especializada y también para atención primaria en las Áreas Sanitarias más densamente pobladas. Aún así, la conciencia de la población de que aún en estas condiciones, la sanidad pública conserva niveles de calidad superiores a la de la sanidad privada que , tras un escaparate de lujo esconde personal e instalaciones que no resistirían una inspección seria, si existiera , se refleja en el espectacular incremento de pacientes que rechazan ser enviados a clínicas privadas, que pasó del 9,8% en 2004, al 30.8 en 2007. Lo terrible es que dentro de poco, si no lo evitamos, la sanidad pública será como la privada, pero sin hostelería de lujo.
Fuente: KAOSENLARED.NET
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Corriente Roja
La ciudadanía de Madrid y las trabajadoras y trabajadores de la sanidad pública más conscientes nos manifestamos indignad@s ante la ofensiva privatizadora del Gobierno de Madrid y frente al insoportable deterioro de la sanidad pública.
Pero la tajada más importante no es esa. Lo fundamental para las aseguradoras privadas y para todo tipo de empresas, es acceder – como está ocurriendo masivamente ahora en la sanidad madrileña- a la financiación pública, concertando masivamente hospitales y servicios sanitarios y no sanitarios, y, sobre todo – como está ocurriendo con los nuevos hospitales - obteniendo fondos públicos para la construcción y gestión de los mismos. Se garantiza así con dinero público el negocio de empresas constructoras y de otros sectores en crisis, que van descubriendo las delicias del beneficio seguro en la sanidad.
La gestión privada de la sanidad pública, financiada con fondos públicos, supone supeditar un servicio público básico a la obtención de beneficios para la empresa en cuestión, a costa de la calidad de la asistencia sanitaria. El escándalo mayor es que el control de la calidad de los mismos, también está en manos de la empresa privada.
Los nuevos hospitales que la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid va a poner en marcha, son un clamoroso ejemplo de todo ello: tendrán una dotación de personal inferior a las ya insuficientes plantillas de la sanidad pública, se reasignan profesionales de otros centros sin creación suficiente de plazas nuevas, se privatizan los servicios no sanitarios, los de radiología y los de análisis clínicos, se prevé una reducción de 1. 000 camas, etc.
Ante toda esta aberración, ante la liquidación práctica de un servicio público básico como la sanidad, cabe preguntarse, ¿como es posible?, ¿no está la Constitución, cuyo artículo 43 establece el deber de los poderes públicos de establecer un sistema público de salud? ¿no lo impide la Ley General de Sanidad que establece la gestión directa de la Sanidad Pública?
La respuesta apunta a un proceso de privatización del que han sido responsables los sucesivos gobiernos del PSOE y del PP, en el que ambos han actuado en el mismo sentido, desde el famoso Informe Abril Martorell promovido por el gobierno PSOE en 1991.
Las "nuevas formas de gestión", que abrieron la vía para la entrada de la gestión privada en la sanidad pública fueron introducidas, modificando la Ley General de Sanidad, por un Real Decreto del Gobierno del PSOE en junio de 1996. A continuación, el Congreso de los Diputados, ya con el gobierno del PP aprobó, con el apoyo del PSOE, la Ley 15/97 de Nuevas Formas de Gestión, que abría la vía a las Fundaciones, y a todo el proceso de privatización de la gestión de la sanidad pública. La nueva mayoría parlamentaria del PSOE en 2004, con el apoyo de IU, BNG, ERC, etc., no modificó nada. Desgraciadamente el escándalo de privatizaciones que el Gobierno del PP en Madrid hace, es perfectamente legal.
Corriente Roja llama l@s trabajador@s y a la ciudadanía a combatir a todas las políticas privatizadoras que ahora ejecuta el gobierno del PP, pero sin ignorar la complicidad del PSOE y las fuerzas políticas que lo apoyan en un largo proceso que asegura pingües beneficios a costa de salud de la gente. Son cómplices también, porque sin su consentimiento no hubiera sido posible, las cúpulas sindicales de CC.OO. y UGT que entre otras muchas cosas y cayendo lo que está cayendo en la sanidad madrileña, firmaron con el PP en 2004 un compromiso de paz social durante 4 años.
La ofensiva privatizadora solo puede ser enfrentada sabiendo que hay poderosos intereses económicos, que tienen la capacidad de "convencer" a golpe de chequera a organizaciones políticas y sindicales. Sólo movimientos populares de base, como las plataformas de usuari@s y trabajador@s de la sanidad, pueden representar y servir de cauce a los intereses populares en la lucha por una sanidad 100% pública, verdaderamente universal y de calidad, planificada en función de las necesidades de la población, centrada en la prevención de la enfermedad y la promoción de la salud y gestionada democráticamente con la participación decisoria de usuari@s y trabajador@s.
¡Fuera la empresa privada de la sanidad pública!
¡Sanidad 100% pública y de calidad!
Concentración jueves 7 de febrero de 2008, a las 7 de la tarde ante la Consejería de Sanidad, c/ Aduana
Convocan: Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid (FRAVM) y Federación de Asociaciones en Defensa de la Sanidad Pública (FADSP)
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