NUEVOS HOSPITALES

A medida que avanza la puesta en marcha de los nuevos hospitales, el gobierno de la Comunidad de Madrid (CM) va desvelando sus intenciones de imponer por la vía de los hechos consumados un nuevo modelo sanitario, variando la propiedad pública de las infraestructuras sanitarias y las relaciones laborales de sus empleados. Las consecuencias de este cambio para la salud de los madrileños y para los trabajadores del sector -no puede ocultarse la nefasta experiencia que tuvo en el Reino Unido-, exigen un debate social abierto y transparente que facilite la libre elección de la población -que es quien financia los servicios sanitarios- sobre el tipo de sanidad que quiere.

La apertura de estos centros como Concesiones de Obra Pública, supone que la propiedad de los mismos pertenecerá a las empresas privadas concesionarias durante un período de 30 años, pagando la Comunidad un canon anual por su uso. En los Estados donde se ha aplicado este sistema ha quedado demostrado un aumento del coste de construcción y mantenimiento de los servicios, una pérdida del control publico sobre las infraestructuras y políticas sanitarias, y una caída de la calidad. Los nuevos hospitales cuando pasen al sistema público después de 30 años de sobreexplotación y sin haber invertido en su mantenimiento -nadie invierte si sabe que cesa su concesión en 30 años- estarán inservibles. Y si tenemos en cuenta que cualquier variación en el número de camas o ritmo de explotación que exceda a lo acordado en los pliegos de condiciones por los que se rigen, supondrá la correspondiente indemnización de la Comunidad a las empresas concesionarias, podremos afirmar que los nuevos hospitales carecen de la necesaria flexibilidad para adaptarse a unas necesidades sanitarias cambiantes en el tiempo.

Se externaliza al personal no sanitario y unas Empresas Públicas se encargan de gestionar los servicios y el personal sanitarios. Estas Empresas están dotadas de personalidad jurídica propia y capacidad de poseer patrimonio particular, administración autónoma económica y financiera, y aunque teóricamente se adscriben al derecho público (para poder asumir personal estatutario), su régimen de actuación queda supeditado al derecho privado según sus Estatutos. De este modo tienen poder para decidir sus políticas financieras y de personal (capacidad de compra, endeudamiento y arrendamiento de bienes y servicios), y las relaciones de sus empleados con la Consejería de Sanidad deja de ser directa (plantillas, condiciones laborales y parte del salario dependerán de las decisiones de sus Consejos de Administración). Los servicios centrales (laboratorios y rayos) a pesar de ser sanitarios son apartados de este proceso por el gobierno de la Comunidad, estando prevista la creación de unos macroservicios que serán externalizados.

La creación de estos hospitales no implica ni el aumento del número de camas ni el de personal en la Comunidad, ya que se acompaña de una drástica reducción en los hospitales públicos a través del desarrollo de los Planes Directores. De este modo y tras una década en la que no se han generado nuevas infraestructuras hospitalarias, los nuevos hospitales representan únicamente el trasvase de camas, servicios y personal público al sector privado, y una reducción global del funcionamiento de los hospitales públicos. Y a nadie se le puede escapar la dificultad para atender con un mínimo de calidad unas necesidades crecientes en salud -ocasionadas entre otros factores por el propio envejecimiento de la población, como la Consejería de Sanidad expone cuando se refiere al gasto creciente-, si los medios se reducen.

El poder negociador de los trabajadores y la participación y capacidad de intervención ciudadana, se reduce o elimina. A las causas de tipo legislativo, derivadas del régimen de propiedad de los mismos o del tipo de gestión indirecta adoptada (Empresas Públicas y Reglamento de las Nuevas Formas de Gestión), se añaden la falta de transparencia y escasas posibilidades de lograr información sensible, ambas probadas suficientemente por la experiencia.

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